Violencia Familiar

Si bien la violencia en la familia es tan antigua que podríamos remitirla a los orígenes de esta, recién en los últimos años, especialmente a partir de los años setenta, es puesta en evidencia y denunciada como algo tremendamente negativo y perjudicial, no solo para la familia, sino también para la sociedad. Podemos entender como Violencia Familiar a aquellas acciones que provocan en el seno de la familia no solo daños físicos, como por ejemplo los golpes, las lesiones, las quemaduras, etc., sino también los daños psíquicos, entre los que se encuentran el desprecio, la desvalorización, la indiferencia, la humillación, etc.1 Según el Art. 1 de la Ley 14.509 de Violencia Familiar de la provincia de Buenos Aires, modificatoria de la Ley 12.569, se entenderá por violencia familiar toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito.

Existen innumerables formas de violencia familiar, como así también son numerosos los individuos que la protagonizan en el seno de la familia. No es patrimonio de clases bajas o de escasa cultura, sino que se da en todas las clases sociales, económicas y culturales, siendo lo corriente, además, que se dé preponderantemente entre adultos. Legislación existente en materia de protección a la violencia familiar: Son numerosas las leyes dictadas sobre violencia familiar en nuestro país. A nivel nacional el dictado de la ley 24.417 pone en acento el problema y es una señal de la preocupación existente en la sociedad, por el crecimiento de este tipo de violencia, cuyas consecuencias son imprevisibles no solo en el marco familiar, sino también en el social. Su finalidad es hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas, evitándoles el agravamiento de los perjuicios como consecuencia del maltrato, que pueden llegar a ser irreparables y que con la adopción de medidas eficaces, urgentes y transitorias pueden ser evitadas. ¿Qué hacer si esto ocurre? Legitimados para hacer la denuncia. Por lo general quienes padecen estas situaciones tienen reticencia a denunciar lo que ocurre. Los motivos de este recelo ocupan desde hace muchos años a investigadores y profesionales. En este sentido entran en consideración tanto el aplastamiento psíquico, la baja autoestima, la educación violenta, como también una consideración al suponer una relación signada de vicios y sistemas psíquicos o relacionales, o un posible montaje estructural subjetivo que impide romper el tipo de relación, etc. Se debe considerar que la situación violenta no solo la padecen quienes sufren golpes o humillaciones, sino también quién propina esos mismos golpes y humillaciones. Intervienen al respecto los modelos de organización familiar, las creencias culturales, los estereotipos respecto a supuestos roles relacionales, y las maneras particulares de significar el maltrato. La ley 24.417 prevé que toda persona que sufre lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los miembros que integran el grupo familiar puede denunciar ante el Juez con competencia en temas de familia estos hechos, y solicitar la adopción de las medidas cautelares necesarias para que pongan fin a las situaciones de violencia o para que no se reiteren hechos similares. Se considera como grupo familiar al originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, sean convivientes o no, persistan o hayan cesado, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales y afines, o a quienes cohabiten bajo el mismo techo en forma permanente o temporaria. También comprende a la persona con quien tenga o haya tenido relación de pareja o noviazgo. Cuando las víctimas fueran menores de edad o incapaces, ancianos o discapacitados que se encuentren imposibilitados de accionar por sí mismos, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o el Ministerio Público, por los servicios asistenciales, sociales, educativos, sean públicos o privados, que hayan tomado conocimiento directo o indirecto de los hechos violentos, como así también por los profesionales de la salud y todo agente público que tome conocimiento de estos hechos en razón de su labor; todo ello sin perjuicio de la representación legal que le cabe a la persona víctima de un hecho violento en el ámbito familiar.
Autora: Dra. Barbara Mayer – Abogada en casos de situaciones crìticas sociales
Ante cualquier consulta: obriante@estudiobrianti.com.ar

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